¿Realmente somos los ciudadanos quienes a través de urnas electorales, elegimos a quienes nos gobernarán?
¿Cada pueblo tiene el gobierno que se merece? (Joseph Maistre)
A estos dos cuestionamientos, la respuesta es no. Quienes afirman lo contrario, están interesados en ser quienes nos gobiernen y, que las personas sigan engañados pensando que somos lo electores quienes elegimos, quienes nos gobiernen.
En diferentes espacios he sostenido que el modelo electoral “democrático” y desde luego el económico, ambos están agotados, no sirven más a las sociedades modernas, común denominador: la falta de educación par tener un pueblo política y socialmente educado y, que logre sus legítimas aspiraciones, además de su realización.
La semana pasada en la Secretaría de Gobernación de nuestro País, se reunieron los partidos Verde y Del Trabajo, con la Secretaria. Los temas eran o, es, las exigencias electorales y de intercambio en las siglas electorales del próximo año.
Ahí, es en donde, se intercambian ideas y se ejerce el músculo para las negociaciones por venir y se decide quien va en qué candidatura y quien gana en los diferentes lugares en donde se efectuará la jornada electoral. Generalmente se pensará y, defenderá, que no es así pero, sabemos que eso pasa: se negocia.
Con fortuna la Presidenta de Mexico, no se ha puesto a la deriva de pretensiones de estos partidos que si bien han crecido, lo han hecho a expensas del año 2018, usando, y en muchos casos abusando la relación con el partido en el poder.
Los pueblos no tienen el gobierno que se merecen, en estos tiempos las negociaciones entre partidos, casi con todos, son los que marcan las desiciones electorales: primero en la imposición de candidatos, y luego, en el uso y abuso del dinero público, pensando bien o, en el ilícito, pensando como muy posiblemente es.
Los pueblos tienen los gobiernos que se pueden comprar y así, seguir manteniendo la subyugación de quienes, en el secuestro legal, trabajamos cada día.
LO MAS RELEVANTE
MARCO ANTONIO FRAIRE BUSTILLOS
Fragilidad gremial en el Servicio Exterior Mexicano
La limitada conciencia gremial en el SEM debe entenderse como el resultado de un entramado institucional que desalienta la cooperación horizontal
El Servicio Exterior Mexicano (SEM) ocupa una posición singular dentro de la administración pública federal. Se trata de un cuerpo profesional altamente especializado, regulado por una ley específica. No obstante, pese a su sólida arquitectura normativa, el SEM presenta una debilidad persistente en términos de solidaridad colectiva frente a problemas que afectan de manera estructural a sus integrantes, particularmente visible en la rama diplomático-consular.
En el SEM, la percepción de escasez de oportunidades de ascenso —real o simbólica— y la aguda competencia entre sus miembros refuerzan la idea de que el éxito profesional es un juego de suma cero. Como consecuencia, se ha configurado una cultura en la que los diplomáticos desarrollan una identidad basada en el desempeño individual y la reputación personal, más que en la acción colectiva organizada. En este contexto, la solidaridad gremial suele percibirse como un riesgo reputacional o profesional, y el silencio —la omertá— aparece como la opción más segura.
ALFONZO DIAZ BARRIGA
Impuestos verdes: del costo invisible al nuevo mapa competitivo de México
Ese giro ocurre por distintas vías. Algunas son explícitas, como impuestos por emisiones, residuos o descargas. Otras llegan por la puerta comercial: clientes que piden trazabilidad de huella de carbono.
Hasta hace poco, en muchas organizaciones el tema ambiental se quedaba en dos terrenos: el reporte de sostenibilidad y algunos proyectos de eficiencia para reducir consumos. Hoy se está moviendo al centro de la agenda de negocio por una razón muy concreta: la contaminación está dejando de ser un costo difuso para convertirse en un costo medible y, cada vez con mayores impactos para las empresas.
Ese giro ocurre por distintas vías. Algunas son explícitas, como impuestos por emisiones, residuos o descargas. Otras llegan por la puerta comercial: clientes que piden trazabilidad de huella de carbono, bancos que incorporan métricas en financiamiento y regulaciones externas que empiezan a asignar un precio al carbono en la frontera. En ese contexto, México está entrando a la fiscalidad ambiental por una ruta propia.
INDIRA GARCIA PEREZ
Evaluación transparente y eficaz del Poder Judicial
La Comisión de Evaluación jugará un papel clave al identificar fortalezas, áreas de oportunidad y posibles deficiencias, para así diseñar políticas que mejoren la calidad de la justicia en todo el país
La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación marca un cambio profundo en la manera en la que se supervisa y evalúa el desempeño de jueces y magistrados. El nuevo modelo introduce criterios más claros, objetivos y transparentes, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una justicia más confiable y accesible para la ciudadanía.
Antes de la reforma, la Visitaduría Judicial inspeccionaba a los órganos jurisdiccionales de forma tradicional a través de visitas en las que se llevaban a cabo, materialmente, auditorías administrativas y revisión básica del funcionamiento. Ahora, con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial y el establecimiento de la Comisión de Evaluación, inicia una etapa de modernización y escrutinio más riguroso.
MARLENE MIZRAHI
El rostro cada vez más joven de la desaparición en México
La juventud se ha convertido en el nuevo territorio de la necropolítica: el borramiento como forma de poder.
El poder define qué vidas no tienen valor. Decide quién debe morir, quién desaparecer e, incluso, quién debe ser borrado de los registros.
En México hay 133 mil personas desaparecidas y el perfil de estas es cada vez más joven. Este es el dato oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Una cifra “depurada”, pues se estima que por cada desaparición que se denuncia hay, al menos, 1.5 casos que no llegan a la fiscalía; principalmente por miedo a represalias.
Se suman también los nombres que se eliminan de los registros y aquellos que, aun cuando se tiene información, nunca son incorporados.
Aunque los datos oficiales no coinciden con el total de personas desaparecidas reportadas por colectivos de búsqueda y organizaciones – como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y Data Cívica –, ambos revelan una transformación alarmante en los últimos dos años: la desaparición tiene una edad promedio cada vez menor.